Veintidós años de prisión para asesino de caqueteña en el Huila

Belmar Francés Tique Culma y María Yulitza Calderón Sánchez, Q.E.P.D

Florencia| El crimen de María Yulitza Calderón Sánchez, de 21 años, natural de Florencia (Caquetá) perpetrado el domingo 10 de diciembre de 2017 en el municipio de Acevedo (Huila), fue cometido por Belmar Francés Tique Culma, quien había llegado días antes del asesinato, de El Doncello como recolector de café.

La brutal agresión que quedó registrada en cámaras de seguridad, sucedió cuando la víctima se encontraba en el interior de un moto-carro, utilizado ilegalmente para transportar pasajeros en la zona urbana. Fue ese momento, el que aprovechó Tique Culma para perseguirla varias cuadras y cuando la tuvo cerca desenfundó el puñal y le propinó una cuchillada mortal en la región toráxica que le provocó la muerte a María Yulitza cuando era trasladada al hospital local.

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Conocido el hecho, el agresor fue puesto a disposición de la Fiscalía. Ese mismo día fue trasladado hasta Oporapa, donde se realizaron las audiencias preliminares. El juez de turno, legalizó la captura y dispuso su reclusión efectiva en establecimiento carcelario. La Fiscalía 26 Seccional de Pitalito le imputó los delitos de homicidio agravado y feminicidio.

Sin embargo, el Juez Primero Penal del Circuito de Pitalito no aceptó el allanamiento a cargos, quedando la decisión consignada en un auto del 9 de marzo de 2018. Ya, el 5 de abril, la Fiscalía presentó el escrito de acusación y el juez de conocimiento fijó la audiencia para el 5 de junio.

Antes de formular la imputación, el feminicida aceptó su responsabilidad a cambio de que la Fiscalía le reconociera el estado de ira e intenso dolor y le rebajara la pena. Aun así, la Fiscalía acordó una pena de 22 años, inferior a la máxima contemplada.

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Cabe mencionar, que la Ley 1761 de 2015 (conocida como Ley Rosa Elvira Cely) creó el feminicidio como un delito autónomo y endureció las penas. Los victimarios podrán ser sancionados con penas entre 20,6 y 41,6 años de cárcel y se pueden incrementar en circunstancias de agravación del feminicidio (hasta 50 años) de prisión, si la víctima es menor de 18 años o mayor de 60 si estuviere en estado de embarazo o presentara alguna discapacidad.

Asimismo, la normativa establece que no se podrán celebrar preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado por este tipo de delitos, en el marco de la investigación y el juzgamiento, garantizando así que los agresores no tengan posibilidad de rebajas en las penas por colaboración con la justicia, ni ningún otro beneficio administrativo.

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Sin embargo, a pesar de la prohibición, la Fiscalía realizó el preacuerdo. Así las cosas, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito tendrá que reanudar el juzgamiento y continuar con la audiencia de acusación por feminicidio agravado, que le imputó antes de la negociación.

Estos hechos son un retroceso en la aplicación de la norma, según un estudio de ONU Mujeres y la Universidad Nacional. Los preacuerdos logrados por la Fiscalía han derivado en la reducción indebida de las penas de los condenados. Tomado de la Nación.

Belmar Francés Tique Culma y María Yulitza Calderón Sánchez, Q.E.P.D

Belmar Francés Tique Culma y María Yulitza Calderón Sánchez, Q.E.P.D