Uniamazonia hizo análisis jurídico sobre situación del Parque Turbay

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Florencia| ¿Será posible que la administración municipal de Florencia devuelva a la población el parque Luis Hernando Turbay? ¿Se verán obligados a pagar los ciudadanos el alto costo de las reclamaciones? ¿Qué estrategia jurídica es viable para que esta disputa, salpicada de política, no sea una derrota más? Preguntas como esas fueron valoradas en el análisis jurídico realizado en la Universidad de la Amazonia, durante el cual estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas expusieron de manera prolija la situación de ese bien público.

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Los acompañaron expertos en el tema como el exgobernador y exmagistrado José Gil Cruz Becerra, el abogado Óscar Vásquez, el economista Jaime Barco, los docentes Gabriel Perdomo Castañeda y Álvaro Figueroa, además de los estudiantes Andrea Leyton Ramos y Johan Camilo Jiménez, quienes presentaron de muy buena manera la síntesis de sus investigaciones, realizadas con la totalidad de sus compañeros de carrera.

No acudieron invitados como los concejales del municipio, entre muchos otros, lo cual dejó ver el desinterés de los habitantes de esta capital por conocer aquello que les concierne; sin embargo, eso no fue obstáculo para el desarrollo de un evento que bien merece repetirse en otros espacios. ¿Qué tal si los mismos concejales proponen que se realice en su escenario natural?

El solo hecho de ver cómo estudiantes de último año le dan la cara a un auditorio, para exponer una problemática y plantear una serie de argumentos desde su propia perspectiva, después de sumar meses en la recolección de datos, es un placer para los sentidos, lo que adicionalmente deja en alto a la Universidad de la Amazonia, porque así demuestra, no solo la calidad de sus docentes, sino las capacidades de los futuros egresados.

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 Había que ver la fluidez de los universitarios, sus aciertos en el momento de presentar alternativas de solución bajo la tutela de sus docentes en cabeza del abogado Alirio Calderón, quien expuso cinco razones jurídicas por las cuales no se puede comprar ni vender el parque Turbay; “se tiene que expropiar y hacerlo de manera gratuita y en favor de la ciudad”, recalcó. Así resumió sus cinco razones:

 El Estado no puede pagar dos veces un mismo bien para un mismo fin; eso lo ha dicho el Consejo de Estado, para lo cual relacionó las respectivas sentencias; además es un principio general del derecho. Recordó que la Ley 610 establece esa situación como detrimento patrimonial.

El parque Turbay, entre otros bienes, fue comprado con recursos públicos – a través de los llamados auxilios parlamentarios – que la familia Turbay direccionó a una entidad sin ánimo de lucro, la Asociación Jorge Eliécer Gaitán. Concluyó por eso que hay un evidente “enriquecimiento sin causa” al pretender que el municipio pague alrededor de 50 mil millones de pesos para devolver un parque y un terreno que es de los caqueteños.

Toda venta en Colombia, para que sea válida, debe tener causa lícita y objeto lícito, principio del derecho civil colombiano. Eso no se cumple en el negocio de la venta del parque Turbay, recalcó. ¿Cómo puede entonces la Alcaldía compensar o comprar un metro de terreno de un parque que es de los ciudadanos?, preguntó. Inquietud que igual formuló José Gil Cruz Becerra, exgobernador y exmagistrado, al recordar que por sentencia del Tribunal Administrativo se estableció que ese terreno es un espacio público de pertenencia de los caqueteños.

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Nadie puede negar su propia culpa o su propio dolo en beneficio de su propia causa. Así, quienes compraron parte de esos terrenos años atrás sabían que se trataba de un parque de los ciudadanos; por eso, “no pueden venir ahora a decirle a la Alcaldía que los indemnice, porque tuvieron buena fe en la compra”. Una sentencia del Tribunal Superior del Caquetá dijo que la expedición de la Resolución 274 de 2008 era ilegal, que había sido fraudulenta la expedición de esa resolución y que el funcionario público que la firmó cometió prevaricato; en consecuencia, lo condenó a una pena privativa de la libertad; eso significa que los negocios jurídicos que devengan del parque Turbay vienen precedidos de un dolo probado en sentencia del Tribunal Superior de Florencia. “No vengan a decir ahora que esos actos ilegítimos irregulares tenemos que salir a subvencionarlos los ciudadanos de Florencia”, protestó.

Esos bienes están fuera del comercio desde el año 2000 mediante acuerdo 018, que estableció unas medidas cautelares. Para poderlo vender es necesario modificar el POT y hoy todavía está vigente el de ese año, luego esos bienes están fuera del comercio. ¿Podrá entonces el alcalde, legal y válidamente ir a pagar un metro de terreno del parque?, cuestionó de nuevo.

“Muy a pesar de esas cinco razones, “debo decir con tristeza que estamos ad portas de que nos pongan a pagar esos 50 mil millones de pesos”, añadió el profesor Calderón al destacar que hace 10 años fue iniciada esta lucha: “impetramos la acción ambiental, la acción penal y la popular. Todos los tres fallos salieron a favor de la ciudad”.

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Dicho lo anterior, lamentó que la sentencia del tribunal dejó dos aristas para recuperar el parque: una, mediante proceso de enajenación voluntaria y, dos, mediante la expropiación administrativa. “Ellos han avanzado, y de qué manera, en el tema de la enajenación voluntaria… se expidió el acuerdo 030 de diciembre 18 de 2017; casi que a hurtadillas de la ciudad, de manera silenciosa se expidió ese acuerdo del Concejo de Florencia, y en ese acuerdo le dan facultades al alcalde para que compense o para que compre el parque. Eso no lo va a pagar el alcalde, eso lo vamos a pagar nosotros y vamos a tener que pagar por algo que ya pagamos”. Añadió que hay siete procesos más pidiéndole al municipio indemnizaciones con dinero de los ciudadanos.

El exmagistrado José Gil Cruz Becerra es partidario de insistir en la defensa jurídica, para hacer posible que los derechos colectivos consagrados se hagan respetar mediante sentencia; en tanto que Jaime Barco, como buen economista, tiene puesta la mirada en la destinación de los recursos que le confió el Estado a la fundación y quiénes se lucraron con ellos. “Hay que garantizar que el Concejo no permita el endeudamiento y además que en el cambio de POT no le cambien la destinación de uso al parque, y garantizar que el proceso siga vivo”, recalcó.

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Para el estudiante Johan Camilo Jiménez, la fundación y el municipio violaron algunos derechos colectivos, por lo cual los ciudadanos también pueden iniciar acciones legales; entre ellas, la acción de grupo, “donde todos los ciudadanos soliciten la reparación patrimonial a la asociación”.  Como hay una acción judicial de por medio, la estrategia que proponen los estudiantes es demandar a la asociación solicitando el amparo de los derechos colectivos y la reparación patrimonial. Una segunda estrategia tiene en cuenta que el municipio de Florencia va a expedir un acto administrativo – independientemente de que tome la decisión de compensación, enajenación voluntaria o compra del parque -; luego ese acto es susceptible de nulidad; es decir, “la jurisdicción contenciosa administrativa debe ser demandada y particularmente el código de procedimiento administrativo, bajo dos causales: cuando se trate de recuperar bienes de uso público y , la segunda, cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten de manera agrave el orden público, político, económico, social y ecológico del municipio”.

Falta por conocer las decisiones del municipio sobre el particular y, entre otras cosas, queda en suspenso la idea de realizar las discusiones pertinentes en otros recintos y con diversos actores. Por lo pronto, es justo reconocer los buenos propósitos que inspiran a quienes están al tanto de estos asuntos y proponen con ánimo constructivo el camino a seguir.

Oficina de comunicaciones de la Universidad de la Amazonia

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