Un total de 183 hectáreas y 9.977 metros cuadrados es el área que suman los tres predios que serán entregados a igual número de familias que resultaron favorecidas con fallos de restitución de tierras en el departamento del Caquetá. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué reconoció su calidad de víctimas y estableció medidas de reparación integral para las familias afectadas por las acciones beligerantes de los grupos delincuenciales que han operado históricamente en el Caquetá.

“Vemos que a pesar del aislamiento preventivo obligatorio el trabajo que ha liderado la Unidad de Restitución de Tierras con sede en Caquetá sigue dando frutos. El Juzgado de Restitución de Tierras con sede en Ibagué ordenó entregar tres predios a familias víctimas de la violencia en los municipios de Florencia y Valparaíso”: así lo destacó Fernando Cuellar Ramírez, director territorial del Caquetá una vez fue notificado de la decisión de la justicia.

Con las pruebas aportadas por la Unidad de Restitución de Tierras la justicia estableció que existen las condiciones de seguridad para que los tres hogares regresen a sus propiedades y puedan rehacer sus planes de vida. Para que esto sea posible, ordenó subsidios para mejoramiento de vivienda en el caso de las dos restituciones en el casco urbano de Valparaiso y subsidio de vivienda nueva para el predio ubicado en zona rural de Florencia debido a que los grupos delincuenciales quemaron la propiedad.

Además, las familias recibirán los predios debidamente identificados con planos cartográficos y registrados ante las oficinas de instrumentos públicos, así como medidas de reparación integral que van desde la atención en salud hasta la vinculación en programas de educación técnica para los jóvenes que integran los hogares.

Para Fernando Cuellar estas acciones son el resultado del trabajo articulado entre la Unidad de Restitución de Tierras y las Fuerzas Militares y de Policía y afirma: “con el acompañamiento constante de la Fuerza Pública logramos avanzar en el proceso de identificación de los predios y adelantar las pruebas sociales que son determinantes para establecer los hechos que obligaron a las familias a dejar sus tierras y poder presentar sus casos ante la justicia quienes son en definitiva quienes garantizan el derecho a la restitución”.

Para el caso de estos nuevos fallos los hechos se remontan al ataque que lideró las FARC en 1997 a la Estación de Policía del municipio de Valparaíso que obligó a los habitantes de viviendas aledañas a dejar sus propiedades y, para el 2007 la familia que habitaba en zona rural de Florencia, se vio obligada a dejar la propiedad al ser sindicados por hombres de las FARC de ser informantes del Ejército Nacional, situación que los llevó a desplazarse a Fusagasugá (Cundinamarca) y luego viajar a España.

Con estos nuevos pronunciamientos son ocho los fallos que se han proferido en medio de las medidas que se han adoptado para prevenir el contagio por el virus COVID-19, los cuales han dejado en manos de las familias víctimas de desplazamiento 215 hectáreas y 8.482 metros cuadrados.