El Doncello| Más de 150 personas que buscaban ser profesionales y obtener un mejor futuro, perdieron su tiempo, esfuerzo y recursos, al ser víctimas de una entidad educativa que resultó ser de papel.

Ahora, 3 años después y tras demora en las audiencias, las víctimas exigen a las autoridades revisar minuciosamente su caso, donde un supuesto convenio con la CECAR de Villavicencio, Meta permitía la oferta de carreras administrativas y licenciaturas, especializaciones y maestrías. Dicen que hay impunidad a pesar de las denuncias.

La frustración crece ante la negligencia de las autoridades, quienes según Dora Marina Ospina Aguirre, dilatan el proceso con el pretexto de cambio de fiscal.

Se trata de la Fundación denominada SIES, que funcionaba en El Doncello desde el año 2011, y la cual ofertaba carreras universitarias en convenio con instituciones de educación superior del interior del país. Todo resultó ser una estafa, ahora los afectados no saben qué hacer con los supuestos títulos obtenidos ni mucho menos cómo recuperar los dineros invertidos en sus procesos académicos.

Las víctimas, quienes recibían clase en la sede de la Institución Educativa Rufino Quichoya, cancelaron dineros por un monto superior a los dos mil millones de pesos, en matrículas, derechos de grado y otros.

“Ante los rumores de estafa, en octubre de 2015 se realizó una reunión con representantes de la entidad, quienes manifestaron, supuestamente, haber sido engañados. Tras culminar la reunión, nos firmaron unas letras en presencia de la SIJÍN, por el monto que considerábamos habíamos gastado. Pero luego desaparecieron del mapa; sus cuentas y redes sociales fueron eliminadas” contó Dora Marina.

Ante esto, las víctimas acudieron a una abogada para interponer las respectivas demandas penales y judiciales, donde dependiendo del fallo, se instauraría la demanda administrativa.

“Ya han transcurrido más de 3 años y solo dilatan el proceso, mientras las personas implicadas, en su mayoría del municipio, continúan como si nada hubiera pasado”.

Cuando aún esperan que la justicia llegue, las víctimas – que tenían el sueño de surgir en el mundo laboral y social a través de una carrera profesional-, solo cuentan con una licenciatura de cartón.

Las víctimas recibían clase en la sede de la Institución Educativa Rufino Quichoya