El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué ordenó la compensación económica o con predio equivalente a tres familias desplazadas de los municipios de San José de Fragua y Curillo, así como la restitución de sus predios a dos familias en la población de Morelia.

Las cinco familias que por más de dos décadas sufrieron las consecuencias del desplazamiento forzado al que fueron sometidas por las presiones de las Farc- EP y el Bloque Central Bolívar en los municipios de San José de Fragua, Curillo y Morelia en el departamento del Caquetá, recibieron medidas de atención integral determinadas en fallos de restitución de tierras.

Para Fernando Cuellar Ramírez, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) con sede en Caquetá, esta es una nueva oportunidad de vida para las familias que han sido afectadas por la violencia en el sur del país y agrega: “estos nuevos fallos evidencian que la justicia acoge las pretensiones que presenta la entidad en sus demandas y emite las medidas de reparación integral de acuerdo a las actuales condiciones de vida de las familias”.

Así las cosas, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué determinó en tres de las sentencias la medida de compensación económica o con predio equivalente a las familias que fueron desplazadas de los municipios de San José de Fragua y Curillo. Por otra parte, en las sentencias restantes ordenó la restitución de los predios en zona rural de Morelia.

Teniendo en cuenta lo anterior, las cinco sentencias definieron la propiedad sobre un total de 125 hectáreas y 17.794 metros cuadrados en predios que fueron abandonados en las poblaciones de San José de Fragua, Morelia y Curillo

 Para el caso de las compensaciones descritas en los fallos, las familias de acuerdo con su voluntad establecerán si desean que la compensación sea económica o con predio equivalente. Si deciden que sea con predio equivalente, la URT, tendrá que entregar un predio en similares condiciones al que contaban antes del desplazamiento, debe gestionar el subsidio de vivienda, asignar recursos para el desarrollo de proyecto productivo con asistencia técnica por dos años y promover que las entidades vinculadas en el fallo cumplan con las órdenes de reparación integral establecidas.

Por su parte, para las familias que ya les fueron restituidos los predios el despacho estableció la asignación de recursos destinados al desarrollo de proyectos productivos con asistencia técnica por dos años y la asignación de subsidio de vivienda rural.

En todos los casos las sentencias imparten órdenes a entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el fin de adelantar la actualización de los planos de propiedad. Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras deberá emitir los actos administrativos de adjudicación de los predios. La Registraduría de Instrumentos Públicos en Florencia debe liderar la inscripción de los predios en los folios de matrícula. El SENA debe vincular a las familias en los procesos de capacitación técnica y tecnológica y la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas implementar medida de reparación integral, entre otras.