Florencia. El 27 de mayo de 2019, el Juzgado Segundo Civil Municipal, falló a favor del señor Juan de Dios Buitrago, quien mediante un proceso de tutelar demandó a la Alcaldía de Florencia, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural Municipal y a la Inspección de Policía Ambiental, acusándolos de haberle vulnerado los derechos de defensa y contradicción, debido proceso, mínimo vital y vivienda digna, al ser desalojado sin previo aviso del predio que ocupaba en la vereda Venecia de Florencia, por delitos contra los recursos naturales.

Los hechos ocurrieron el día 10 de mayo del presente año, cuando miembros de la Policía Nacional y el Inspector ambiental, Pablo Andrés Rojas Quinayá, adelantaron una diligencia ambiental en contra de Juan Buitrago por el proceso de tala indiscriminada de bosque primario y movimiento de tierra con apertura de vía, en la que fue desalojado del predio y su vivienda fue destruida.

Juan de Dios Buitrago declaró que es un adulto mayor de 61 años de edad, víctima de desplazamiento forzado, que residía como dueño del lugar aledaño a la Base Militar Cerro Palma, desde hace aproximadamente 15 años, donde cultivaba yuca y piña, y habitaba en una vivienda construida en madera junto con Reinaldo Duero Núñez, de 71 años, otro adulto mayor en condición de discapacidad.

Además, Buitrago alegó que las autoridades no tomaron medidas de reubicación, ni tomaron en cuenta su condición de vulnerabilidad y extrema pobreza, transgrediendo su derecho de mínimo vital, vivienda digna e igualdad, y como consecuencia se encontraba en situación de indigencia junto con Reinaldo Duero.

Por tales motivos, la autoridad judicial mediante la Sentencia T 2019-351, decidió amparar los derechos del demandante, declarando la nulidad del proceso administrativo policial adelantado en su contra, y ordenando a la Administración municipal restituir con recursos propios las cosas al estado que se encontraban antes de los hechos del 10 de mayo, en un término no superior a 6 meses, de igual manera, reubicar a los señores en una vivienda que les garantice condiciones dignas de habitabilidad, y adoptar las medidas administrativas necesarias para garantizarles alimentación completa y atención médica y psicológica.

Finalmente, el Juzgado instó a la Defensoría del Pueblo Regional Caquetá para que asesore y asista legalmente en la defensa de los derechos e intereses de Juan de Dios Buitrago ante las autoridades ambientales.